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Domingo, 05 de Agosto de 2018
Pena de muerte

LA EJECUCIÓN reciente en Japón de 13 integrantes de una secta que cometió un atentado en 1995, en Tokio.

Trece integrantes de la secta Aum Shinrikyo (Verdad Suprema), incluyendo a su fundador Matsumoto Chizuo (conocido como Asahara Shoko), fueron ejecutados el 6 y 26 de julio pasado debido a su participación en la organización de una serie de crímenes entre los que se incluye el ataque con gas sarín en el subte o metro de Tokio, en marzo de 1995, y que produjo la muerte de 13 personas.

El último de los juicios relacionados con el caso se realizó en enero pasado, y siete de los trece condenados a muerte fueron trasladados a distintos centros de detención con instalaciones aptas para llevar a cabo las ejecuciones. Este acto fue considerado como uno de los pasos previos al inminente cumplimiento de su sentencia.
A su vez, se ha comentado que la decisión de ejecutar a los prisioneros se ha fundamentado en esta ocasión en la dificultad de hacer esto en 2019, el año de la sucesión imperial, o en 2020, cuando se celebrarán los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio.
El Código de Procedimientos Criminales de Japón estipula que la pena de muerte debe ser concretada dentro de los seis meses que siguen al dictado de la sentencia, pero la realidad es que esto casi nunca se cumple. Entre el año 2000 y julio de 2018 se realizaron 89 sentencias de muerte. El período más corto entre una sentencia y una ejecución fue de un año, mientras que el más largo fue de 19 años y 5 meses. El Ministerio de Justicia no aclara cuáles son los criterios por los que se decide ejecutar a un reo. De hecho, antiguamente no se solía ni anunciar que se había llevado a cabo una ejecución. Solo a partir de octubre de 1998 comenzó a hacerse pública la información referente a las ejecuciones y el número de ejecutados. En septiembre de 2007, el que era Ministro de Justicia ordenó al ministerio publicar también los nombres de los reos y el lugar en el que se habían realizado las ejecuciones.
Las decisiones que atañen a las ejecuciones parecen reflejar el pensamiento y la opinión del ministro de Justicia que esté en el cargo en dicho momento. Por ejemplo, tras ser nombrado en el cargo en 2005, Sugiura Seiken, declaró abiertamente que no ordenaría la ejecución de ningún reo acogiéndose a sus principios religiosos y filosóficos. A él hay que contrastarle otras autoridades que ocuparon el cargo, quienes sí firmaron órdenes de ejecución.
En 2009, en Japón se introdujeron los juicios con jurado, y la ciudadanía se vio involucrada directamente en las decisiones en torno a la pena capital. En 2017 se sucedieron una serie de ejecuciones de reos que solicitaban un nuevo juicio. Ahora, más recientemente, se han vuelto a elevar críticas dentro y fuera de Japón sobre la ejecución de varios miembros del Aum Shinrikyo.
Una periodista especializada en la secta “Verdad Suprema”, llamada Shoko Egawa, afirmó que no se debe dar por terminado el problema con Aum Shinrikyo, incluso después de las ejecuciones de los 13 miembros. Incluso agregó que los convictos fueron testigos de los crímenes que cometió la secta y que muchos de los involucrados eran jóvenes de bueno corazón y diligentes, que estaban realmente interesados en descubrir el significado de la vida y su lugar en la sociedad.
Sin embargo, añadió, se encontraron eventualmente atrapados en una situación de la que no pudieron escapar. La periodista dijo que el calvario revela el horror de esta secta y que pueden ser considerados como parte de las víctimas.